Cambios en la legislación sobre ciudadanía “ius sanguinis” italianas.

El Consejo de Ministros aprueba modificaciones a la ley de ciudadanía “ius sanguinis”

El gobierno italiano, liderado por Giorgia Meloni, aprobó el 28 de marzo de 2025 un decreto-ley que restringe el acceso a la ciudadanía por descendencia (ius sanguinis). Hasta ahora, cualquier persona con un ancestro italiano vivo después de 1861 (año de la unificación de Italia) podía reclamar la nacionalidad, sin límite generacional.

Este decreto se suma a una circular previa del Ministerio del Interior (Circular N° 43347, octubre de 2024), que reinterpretó la ley de 1912, estableciendo que si un ancestro italiano se naturalizó en otro país (como Argentina) mientras sus hijos eran menores de edad, esos hijos perdían el derecho a transmitir la ciudadanía italiana.

Sin embargo, la nueva normativa limita este derecho a quienes tengan padres o abuelos nacidos en Italia, es decir, solo descendientes de primera o segunda generación.

El decreto ya está en vigor, limitando la ciudadanía por descendencia a dos generaciones. Sin embargo, el Parlamento italiano tiene 60 días para ratificarlo o modificarlo, aunque se espera que pase sin grandes cambios debido a la mayoría de Meloni.

Los trámites ya no se realizarán en los consulados, que estaban desbordados, sino en una nueva oficina dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores en Roma, conocida como "Farnesina". Durante 2025, los consulados seguirán aceptando solicitudes bajo el sistema actual, pero con un tope anual basado en el volumen de trámites finalizados en 2024. Desde 2026, los interesados deberán enviar su solicitud directamente a Roma, probablemente por correo o vía digital, aunque los detalles aún no están definidos.

Los trámites presentados antes del 27 de marzo de 2025 no se ven afectados por el decreto y seguirán procesándose bajo las reglas anteriores, siempre que cumplan con los requisitos previos (como la circular de 2024 sobre naturalización). Sin embargo, hay incertidumbre sobre los casos en comunas italianas que ya aplicaban la circular de 2024 y rechazaron solicitudes. Especialistas recomiendan a quienes estén en proceso verificar el estado de su expediente con urgencia y, en caso de rechazo, considerar acciones legales para impugnar decisiones basadas en interpretaciones recientes.

La noticia publicada en la página oficial del Consulado italiano en Argentina dejó un atisbo de impaciencia y nervios a los Argentinos con derecho a su descendencia italiana. Se restringe la ciudadanía por descendencia a hijos y nietos de italianos nacidos en el país, con lo cual se elimina el derecho para generaciones más lejanas. centraliza el proceso en Roma y exigirá "vínculos reales" con Italia a partir de 2026.

La noticia consistió en que el Consejo de Ministros adoptó el “paquete de ciudadanía”, un conjunto de medidas legislativas propuestas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional para reformar la legislación sobre ciudadanía. El objetivo de las medidas adoptadas es potenciar el vínculo efectivo entre Italia y el ciudadano en el extranjero. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, aclaró que « el principio de ius sanguinis no se perderá y muchos descendientes de emigrantes podrán seguir obteniendo la ciudadanía italiana, pero se establecerán límites precisos, sobre todo para evitar el abuso o la comercialización de los pasaportes italianos. La ciudadanía debe ser un asunto serio ».

De hecho, los países con mayores niveles de emigración italiana han visto un fuerte aumento en el reconocimiento de la ciudadanía en los últimos años. Desde finales de 2014 hasta finales de 2024, los ciudadanos residentes en el extranjero aumentaron de aproximadamente 4,6 millones a 6,4 millones: un aumento del 40% en 10 años. Hay más de 60.000 procedimientos judiciales pendientes para la determinación de la ciudadanía.

Por ejemplo, Argentina pasó de alrededor de 20.000 en 2023 a 30.000 premios al año siguiente. Brasil pasó de más de 14.000 en 2022 a 20.000 el año pasado. Venezuela tuvo casi 8.000 reconocimientos en 2023. Los italo-oriundos en el mundo que podrían pedir reconocimiento de ciudadanía con la ley actual son potencialmente entre 60 y 80 millones.

La reforma liberará recursos para hacer más eficientes los servicios consulares, en la medida en que podrán dedicarse exclusivamente a quienes tienen una necesidad real de ellos, en virtud de su vínculo concreto con Italia. El sistema actual, de hecho, repercute en la eficacia de las oficinas administrativas o judiciales italianas, presionadas por quienes van a Italia sólo para intentar acelerar el proceso de reconocimiento de la ciudadanía, alimentando además fraudes o prácticas desleales.

Para lograr este objetivo, procedemos en dos fases: algunas normas entran en vigor inmediatamente con un decreto-ley y, posteriormente, procedemos a una reforma orgánica de los requisitos sustantivos y procedimentales en materia de ciudadanía.

El decreto-ley aprobado (el texto está disponible en el siguiente enlace: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/03/28/25G00049/sg ) prevé que los descendientes italianos nacidos en el extranjero serán ciudadanos automáticamente solo por dos generaciones: serán ciudadanos desde el nacimiento solo aquellos que tengan al menos un padre o abuelo nacido en Italia.

En la segunda fase, un primer proyecto de ley (también aprobado el 28 de marzo) introduce cambios sustanciales adicionales y más profundos a la ley de ciudadanía. En primer lugar, los ciudadanos nacidos y residentes en el extranjero están obligados a mantener vínculos reales con nuestro país a lo largo del tiempo, ejerciendo los derechos y deberes de ciudadano al menos una vez cada veinticinco años.

La reforma se completa con un segundo proyecto de ley que también revisa los procedimientos para el reconocimiento de la ciudadanía. Los residentes en el extranjero ya no podrán dirigirse a los consulados, sino a una oficina centralizada especial en la Farnesina. Habrá un período de transición de aproximadamente un año para la organización de la oficina. El objetivo es hacer más eficientes los procedimientos, con evidentes economías de escala. Los consulados tendrán que centrarse en prestar servicios a quienes ya son ciudadanos y no ya en “crear” nuevos ciudadanos.

Por último, la medida contiene otras medidas para mejorar y modernizar la prestación de servicios: legalizaciones, registro civil, pasaportes, documentos de identidad válidos para la expatriación. Además, se prevén medidas organizativas para poner la estructura de la Farnesina cada vez más al servicio de los ciudadanos y de las empresas.

En vista de lo anterior, todas las citas para la presentación de solicitudes de reconocimiento de ciudadanía “iure sanguinis”, así como la programación de nuevas citas a través del portal “Prenotami”, han sido suspendidas desde el 28 de marzo.